sábado, 19 de enero de 2008

El Estado del consenso

Desde que el Presidente del Gobierno anunciara la fecha de las próximas elecciones, los partidos se han lanzado a una precampaña en la que partidos como el PP o UPD lanzan la propuesta de un nuevo consenso en materia autonómica y antiterrorista, ante la ruptura de los acuerdos vigentes desde la transición. El estatuto de Cataluña y la negociación con ETA por parte del Gobierno ha supuesto un cambio radical que ha llevado al régimen ha una situación de crisis al romper los límites impuestos durante el gobierno del PP en materia terrorista y otorgar a Cataluña competencias exclusivas del Gobierno Central. Una vez más, el consenso se nos vende como la única vía para la solución de los conflictos y como método tanto para definir la estructura del Estado como la acción política. Desde la transición, el consenso ha presidido la vida política española; la Constitución es fruto del consenso, los estatutos de autonomía, la política antiterrorista, hasta las más ocultas razones de Estado se han disfrazado de consenso. El uso sistemático del pacto político y su propaganda en los medios ha instalado en las conciencias de los españoles que el consenso el la mayor virtud de la democracia porque expresa la voluntad unánime de los ciudadanos y se asegura así, la estabilidad política y la paz social. Nada más contrario a los principios democráticos. La democracia establece la lucha entre mayorías y minorías para llevar al Estado sus aspiraciones mediante el apoyo de los ciudadanos utilizando la crítica y el debate razonado. El consenso político destruye el pluralismo y la libertad política. Impone un pensamiento y una estrategia única, solo favorable a los partidos estatalizados que lo utilizan para repartirse el poder y acordar entre ellos los límites de sus ambiciones.
La alteración en ese reparto del poder, producida por el Estatuto de Cataluña y la negociación con ETA hace improbable que el orden anterior se regenere, pero auspicia un nuevo consenso de la izquierda estatal con los nacionalismos estatales, lo que empujará a la derecha económica y social a la ruptura definitiva con la Monarquía.

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