PUGNA ESPERPÉNTICA

Ayer, día 28 de Enero, el contencioso de las reducciones y exención de impuestos a las empresas enfrentó en la Corte de Justicia de Luxemburgo a las delegaciones enviadas por los gobiernos riojano y vasco. El conflicto arranca desde el año 1993 cuando los territorios forales vascos pusieron en marcha lo que se denominó “vacaciones fiscales”. Este "descanso" eximía a las empresas nuevas del impuesto sobre sociedades durante diez años, si decidían emplazarse dentro de esa región. El programa continuó en 1996 convertido en una reducción progresiva del impuesto. A pesar de ser una medida claramente contraria al Derecho comunitario, el problema ha durado hasta hoy debido a que las autoridades fiscales vascas, apoyadas por Madrid, se han saltado las advertencias de la Comisión y el Tribunal de Justicia en el sentido de devolver los importes indebidamente subvencionados bajo pena de cuantiosas multas.

Desde el año 1997, el gobierno de La Rioja ha mantenido una batalla legal en contra de las vacaciones fiscales, debido al grave perjuicio económico y social que supone la fuerte competencia del País Vasco a la hora de atraer a las empresas, como se escenificó en el traslado de Ramondín y Daewoo a la localidad de Laguardia. Para desgracia de los riojanos y de su gobierno petrino, esta comunidad se ha visto sola ante el apoyo incondicional del Gobierno Central a las prerrogativas derivadas del régimen foral y de la autonomía fiscal, que, como se ha dicho, otorgan la posibilidad de establecer tipos impositivos mucho más bajos que en el resto de España.

La pugna vasco-riojana revela las desigualdades que origina entre comunidades autónomas la mayor o menor influencia de sus respectivos gobiernos en la política nacional. Luxemburgo será el escenario donde se presente la España tarifada e insolidaria, incapaz de cumplir con la legislación comunitaria y obligada a mendigar su administración.