PUGNA ESPERPÉNTICA

Ayer, día 28 de Enero, el contencioso de las reducciones y exención de impuestos a las empresas enfrentó en la Corte de Justicia de Luxemburgo a las delegaciones enviadas por los gobiernos riojano y vasco. El conflicto arranca desde el año 1993 cuando los territorios forales vascos pusieron en marcha lo que se denominó “vacaciones fiscales”. Este "descanso" eximía a las empresas nuevas del impuesto sobre sociedades durante diez años, si decidían emplazarse dentro de esa región. El programa continuó en 1996 convertido en una reducción progresiva del impuesto. A pesar de ser una medida claramente contraria al Derecho comunitario, el problema ha durado hasta hoy debido a que las autoridades fiscales vascas, apoyadas por Madrid, se han saltado las advertencias de la Comisión y el Tribunal de Justicia en el sentido de devolver los importes indebidamente subvencionados bajo pena de cuantiosas multas.

Desde el año 1997, el gobierno de La Rioja ha mantenido una batalla legal en contra de las vacaciones fiscales, debido al grave perjuicio económico y social que supone la fuerte competencia del País Vasco a la hora de atraer a las empresas, como se escenificó en el traslado de Ramondín y Daewoo a la localidad de Laguardia. Para desgracia de los riojanos y de su gobierno petrino, esta comunidad se ha visto sola ante el apoyo incondicional del Gobierno Central a las prerrogativas derivadas del régimen foral y de la autonomía fiscal, que, como se ha dicho, otorgan la posibilidad de establecer tipos impositivos mucho más bajos que en el resto de España.

La pugna vasco-riojana revela las desigualdades que origina entre comunidades autónomas la mayor o menor influencia de sus respectivos gobiernos en la política nacional. Luxemburgo será el escenario donde se presente la España tarifada e insolidaria, incapaz de cumplir con la legislación comunitaria y obligada a mendigar su administración.

El Estado del consenso

Desde que el Presidente del Gobierno anunciara la fecha de las próximas elecciones, los partidos se han lanzado a una precampaña en la que partidos como el PP o UPD lanzan la propuesta de un nuevo consenso en materia autonómica y antiterrorista, ante la ruptura de los acuerdos vigentes desde la transición. El estatuto de Cataluña y la negociación con ETA por parte del Gobierno ha supuesto un cambio radical que ha llevado al régimen ha una situación de crisis al romper los límites impuestos durante el gobierno del PP en materia terrorista y otorgar a Cataluña competencias exclusivas del Gobierno Central. Una vez más, el consenso se nos vende como la única vía para la solución de los conflictos y como método tanto para definir la estructura del Estado como la acción política. Desde la transición, el consenso ha presidido la vida política española; la Constitución es fruto del consenso, los estatutos de autonomía, la política antiterrorista, hasta las más ocultas razones de Estado se han disfrazado de consenso. El uso sistemático del pacto político y su propaganda en los medios ha instalado en las conciencias de los españoles que el consenso el la mayor virtud de la democracia porque expresa la voluntad unánime de los ciudadanos y se asegura así, la estabilidad política y la paz social. Nada más contrario a los principios democráticos. La democracia establece la lucha entre mayorías y minorías para llevar al Estado sus aspiraciones mediante el apoyo de los ciudadanos utilizando la crítica y el debate razonado. El consenso político destruye el pluralismo y la libertad política. Impone un pensamiento y una estrategia única, solo favorable a los partidos estatalizados que lo utilizan para repartirse el poder y acordar entre ellos los límites de sus ambiciones.
La alteración en ese reparto del poder, producida por el Estatuto de Cataluña y la negociación con ETA hace improbable que el orden anterior se regenere, pero auspicia un nuevo consenso de la izquierda estatal con los nacionalismos estatales, lo que empujará a la derecha económica y social a la ruptura definitiva con la Monarquía.

LABERINTO AUTONÓMICO

España es desde 1978 un país compuesto por 17 comunidades autónomas que funcionan como un conjunto de mini-estados. Si bien la Constitución establece esta división como algo meramente administrativo, el devenir de los acontecimientos políticos ha conformado un Estado federal sui generis creado a base de concesiones a las autonomías con influencia nacionalista que más tarde, se han ido generalizando al resto de regiones españolas. Todo ello, sin un plan concreto y poniendo en jaque la misma Carta Magna.
El Estado de las Autonomías tuvo como esencial función propiciar que determinados territorios con “hechos diferenciales” tuvieran un mejor encaje y pudieran desarrollarlos en la normalidad de una Nación. Para evitar el agravio comparativo y desvirtuar el movimiento regionalista del País Vasco y Cataluña, se extendió la autonomía a todos los entes que así lo deseasen. El resultado fue la creación de 17 “autonomías” con sus poderes políticos y su burocracia administrativa, fundamentados en sus distintos y en muchos casos muy discutibles “hechos diferenciales”, manifestados en la existencia real o forzada de lenguas propias, etnias diferenciadas, banderas, himnos, costumbres y hasta gastronomías peculiares.

No son pocas las voces, nacionales y extranjeras, que han denunciado el grave perjuicio que ha supuesto la implantación de las autonomías. Diecisiete sistemas sanitarios diferentes, diecisiete sistemas educativos contradictorios y todo casi por igual de malos, 17 normativas fiscales, 17 regulaciones de las profesiones liberales, peleas entre territorios por que el “agua es mía”, disputas por ver quien no acude a apagar los incendios y, a un paso estamos, diecisiete fiscalidades, diecisiete justicias. Pero eso sí, algo unificador: 2 millones de funcionarios para 45 millones de españoles.

Las autonomías no han vertebrado la Nación española. La están desvertebrando cada día más, y no sólo por los casos de evidente ruptura que pretenden los nacionalistas radicales y no tan radicales, sino por el disparate que alcanza a todos; da igual que se trate de agua, fuego, sanidad o hasta de geografía.

El tablero de damas del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional acordó el pasado 21 de Diciembre admitir a trámite definitivamente al recusación de los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodriguez-Zapata planteada por el Gobierno en el recuso del PP a la Ley Orgánica de este tribunal (LOTC). De este modo, quedan suspendidas tales recusaciones hasta que queden resueltas.
Tras 25 años de actividad, el TC se encuentra al borde del colapso por la gran cantidad de recursos de amparo acumulados (unos 8.0000), pendientes de admisión. Esta situación ha provocado que la mayor actividad del Tribunal Constitucional sean dichos recursos, que ocupan casi todos sus medios materiales y personales, obstaculizando el desarrollo de otras competencias.
En su redacción original en 1979, la Ley Orgánica permitía presentar recursos de inconstitucionalidad antes de que una norma fuera aprobada que quedaba invalidada antes de su tramitación. Así, se evitaban perjuicios de difícil reparación como por ejemplo la Ley Corcuera, el Estatuto de Autonomía de Cataluña o la ley de matrimonios homosexuales. En 1985, el gobierno de Felipe Gonzalez modificó esta ley eliminando el recurso previo, alegando que se entorpecía la acción del gobierno. En las elecciones de 1996, Aznar prometió reestablecer el recurso previo de inconstitucionalidad en el llamado “proceso de regeneración democrática”. Pero esta iniciativa quedo sepultada bajo el “pacto de silencio” que tapaba así, los años de corrupción saldada con la perdida de poder político.
Como podemos comprobar, el TC ha sido y es objeto de constantes cambios en su funcionamiento y no pocas zancadillas para aplazar, o en el peor de los casos anular, su acción de filtrado en todos los temas de interés político para los partidos estatalizados. Esta carrera de acoso y derribo nos sitúa en una carrera hacia una involución a un Estado Totalitario donde la propia Constitución se convierte en papel mojado y la ley se aplica según convenga al poder único.

La pseudodemocracia del siglo XXI vs. despotismo ilustrado

Cualquier espíritu inquieto contrasta la realidad con la teoría para ver si existe una relación especular entre ellas. Durante mi tiempo libre he constatado que la democracia, tal y como la definieron los politólogos desde la Ilustración, es una forma de gobierno en el cual, una sociedad se autoadministra un poder para su reglaje. A medida que las sociedades se fueron haciendo cada vez más y más complejas, los filósofos y politólogos establecieron unas reglas formales para caracterizar un sistema democratico y sin las cuales, no existe la democracia como tal. La separación de poderes, la representación de la sociedad civil en el Estado, el tutelaje de la sociedad política por parte de la sociedad civil. Todo ello bajo el titulo de la libertad política, de cuyo ejercicio, surgían las libertades y los derechos individuales.
Si deseamos ver el reflejo de estos principios en el mundo actual deberemos asomarmos a un espejo negro donde solo se ve el brillo de la belleza del nombre y el dulzor de sus propositos, eso si, con un nuevo título: La pseudodemocracia.
La pseudodemocracia es un régimen de poder en el cual, un grupo de personas establecen una autoridad sobre una sociedad bajo el compromiso de respetar unos derechos y unas libertades. Esta relación supone una servidumbre voluntaria de la sociedad civil frente a una minoría cuyo mandato es ratificado en unas pseudoelecciones. El antiguo mandato imperativo es sustituido por una relación de dominación benébola.
La ademocracia es el fruto de la ultima posguerra en Europa que dislumbró un nuevo orden político basado en la autoridad de una nueva aristocracia de políticos agrupados en partidos estatalizados bajo una sola idea: El respeto al súbdito al que se le da todo, se le teme más que a un nublado, y se le apartaba del ámbito de lo público, para dejar la administración del Estado, en manos de una casta de considerados nobles que debido a su naturaleza gentil y graciosoide, reparten tolerancia a diestro y siniestro, se preocupan del bienestar de sus administrados, desenvainan la espada ante las injusticias y esconden la mano para tapar sus fechorias, abusos y corruptelas. Es el triunfo de la pseudodemocracia, de colores vistosos y sabor desagradable.
Si bien es cierto que el fin de la IIª Guerra Mundial creó la conciencia de que se debian establecer un decálogo de derechos universales, jamas creó la idea de impulsar la democracia como forma de gobierno más idonea para la humanidad, tal y como la definieron los filósofos y los politólogos desde la Ilustración. Al contrario, se estableció un nuevo régimen oligarquico donde el poder quedaba en manos de una minoria, eso si...cariñosa y querubinesca.
La pseudodemocracia gobierna nuestras vidas con la garantía de que casi siempre seremos tolerados, pero nunca seremos libres.